Debatamos abiertamente del Informe de la CVR.
A propósito de años de la CVR
Percy
Huauya Bautista (*)
El informe final de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación (CVR),. El Informe Final se presentó
hace trece años atrás un 28 de agosto del 2003, ante el presidente Alejandro Toledo Manrique. Fue una
comisión peruana encargada principalmente de elaborar un informe sobre la violencia armada interna,
vivida en el Perú durante
el periodo entre los años 1980 y 2000. Creada en junio de 2001 por el
presidente provisional Valentín Paniagua.
El PCP-SL causó el
54% de las víctimas fatales reportadas a la CVR y Las Fuerzas Armadas son responsables del 37%
de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR .
Cabe recordar que
esta violencia se dio en los Gobiernos con democracia relativa de Fernando Belaunde
Terry, Alan García Pérez y Alberto Fujimori, teniendo el pico más alto en los últimos
años de Belaunde Terry y Alan García. La CVR concluyó que durante los años de guerra
murieron alrededor de 70 mil personas, de las cuales más de 20 mil
resultaron ser víctimas de las fuerzas armadas. Los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto
Fujimori tenían responsabilidad en la represión, aunque la
mayoría de las violaciones de derechos humanos, y las más atroces, se
produjeron durante el gobierno de Alberto Fujimori
A diferencia de lo
ocurrido con grupos similares creados en otros países, en el Perú la Comisión
de la Verdad y Reconciliación no recibió una aceptación unánime de la sociedad,
existiendo más bien escepticismo y hasta rechazo en importantes sectores
de la misma. Diversos partidos políticos como el grupo
fujimorista, el Partido Aprista Peruano, Acción
Popular y el PPC han formulado críticas a la labor
de la CVR. Asimismo, algunas personalidades han formulado también reservas
frente a aspectos puntuales del trabajo de la Comisión.
Durante esta última semana el
editorial de un diario de circulación refirió
“Debatamos abiertamente el Informe de la CVR. No es una Verdad revelada por
Dios. Propuesta: hagamos un debate semanal sobre cada uno de los capítulos del
Informe en el Auditorio Mario Vargas Llosa en la Biblioteca Nacional. Por un
lado, se tiene a los miembros de la CVR -para que sustenten su trabajo-; y por
el otro a sus detractores (principalmente, quienes se sienten
"excluidos" o "no escuchados" en su momento). El público
que atiende, envía sus preguntas al moderador (que puede ser Güido Lombardi).
Nada de barras o "portátiles". Enfrentemos nuestro pasado y nuestros
demonios.
No hemos construido una Verdad
colectiva; hemos construido un mosaico de verdades parciales que no permiten un
discurso convergente e integrador como país”[i].
AVANCES:
A lo largo de estos
años podemos definir en cada gobierno algunos avances:
Gobierno de
Alejandro Toledo:
·
Aval y reforzamiento de la creación de la CVR creado por el gobierno de Transición Valentín
Paniagua
·
Creación de la Comisión Multisectorial de CMAN.
·
Recepción del Informe Final de la CVR
·
Aprobación multianual de políticas de reparación colectiva
·
Aprobación de la Ley de Reparaciones
Gobierno Alan
García Pérez.
·
Inicio de reparaciones colectivas.
·
Reglamentación de la ley 28592
·
Inicio de reparaciones económicas con monto de 10 mil soles
Con Gobierno Ollanta
Humala Tasso.
·
Consulta de 10 UIT de Reparación Económica(sin respuesta hasta ahora)
·
Avance de 85% de reparación económica con el mismo monto.
·
Creación de REPARED.
·
Lineamientos de aprobación de acceso y facilitación habitacional a
través de programa Techo propio.
·
Sucesión de derechos en reparación para educación.
·
Inicio de reparaciones simbólicas a través de acompañamiento de entrega
de restos.
·
Promulgación de la ley de Búsqueda de Desaparecidos.
·
Elaboración del Plan nacional de Derechos Humanos.
Pero para acompañamiento,
seguimiento de las recomendaciones de la CVR, la sociedad civil también se organizaron
para hacer la incidencia correspondiente como.
·
Se conformó el movimiento ciudadano Para Que no se Repita, para realizar
un seguimiento al desarrollo y aplicación de las recomendaciones de la CVR en
año 2003, así como la creación en
Ayacucho el Frente Regional de
Organizaciones de base por la Verdad y Justicia conformados por organizaciones
juveniles afectados de Asociación de Jóvenes huérfanos por la violencia
política, juventud ANFASEP, AMA QUANQANPAQ, organizaciones sociales como
FADA(sector campesino) y FEDECMA(mujeres organizados en club de madres). Y comunidades
afectadas y desde 2007 Coordinadora Regional de Organizaciones Afectados por la
Violencia Política CORAVIP. Ellos se sumaron a las luchas de ANFASEP.
·
Se Creó la Coordinadora nacional de Organizaciones afectadas- CONAVIP en
el año 2005 y en Ayacucho el Movimiento para que no se repita.
·
Se realizó la Marcha de los Waris para reclamar atención preferente para
las regiones mas afectados por la violencia.
A 13 años de la CVR, los que exigieron
en post de la justicia, Verdad, Reconciliación, Memoria y Reparación, fueron
los mismos actores como son las víctimas
y familiares, que los primeros años acompañados de las ONGs de Derechos Humanos,
siempre en cuando se contaba con proyectos y recursos propios de los casos
emblemáticos, pero más allá de los avances
como la atención preferente en inversiones sociales en las regiones más afectadas
principalmente en este último gobierno hace mucha falta un presupuesto adecuado con sus propios metas,
función en el gobierno central y locales
para su atención adecuada y fortalecer a la CMAN como entidad técnica autónoma
y ejecutiva con un presupuesto de 400
millones por año durante los 10 años para algunos ítem del del Plan integral de
Reparaciones como la reparación económica, colectiva, acompañamiento y
fortalecimiento de organizaciones y
comunidades, para la ley de búsqueda de desaparecidos y simbólicas y otros reparaciones y recomendaciones de la CVR con reformas institucionales
por otros ministerios y gobiernos sub
nacionales.
A 13 años se necesita ver la visión de país con atención preferente a
las regiones pobres y afectados con
inversiones similares como la costa del Perú,
con cero anemia y nutrición, calidad educativa, profesionales bien renumeradas en zonas rurales y sobre
todo con fortalecimiento de capacidades
de emprendedurismo de las comunidades y poblaciones vulnerables como los afectados
y víctimas de la violencia ,así como los gobiernos locales pobres
para una atención adecuada sus ciudadanos
y sobre todo oportunidad laboral para que no se repita y una refocilación posible
en el tiempo.
(*) Fundador de FROBAVEJ-CORAVIP y actual
Presidente del Movimiento Regional AYNI
Pero es necesario ver algunas recomendaciones de la
CVR, para tener en cuenta y sacar conclusiones
·
4. La CVR ha constatado que existió una
notoria relación entre situación de pobreza y exclusión social, y probabilidad
de ser víctima de la violencia. En el departamento andino de Ayacucho se
concentra más del 40 por ciento de muertos y desaparecidos reportados a la CVR.
Al sumar a ello las víctimas consignadas por la CVR en los departamentos de
Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín se llega al 85 por ciento
de las víctimas registradas por la CVR.3
·
5. La CVR ha constatado que la
población campesina fue la principal víctima de la violencia. De la totalidad
de víctimas reportadas, el 79 por ciento vivía en zonas rurales y el 56 por
ciento se ocupaba en actividades agropecuarias. Estas cifras contrastan con las
del censo de 1993 según el cual el 29 por ciento de personas vivían en zonas
rurales y el 28 por ciento de la PEA nacional estaba ocupada en el sector
agropecuario.
·
6. La CVR ha podido apreciar que,
conjuntamente con las brechas socioeconómicas, el proceso de violencia puso de
manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún
prevalecen en el país. Del análisis de los testimonios recibidos resulta que el
75 por ciento de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían el
quechua u otras lenguas nativas como idioma materno. Este dato contrasta de
manera elocuente con el hecho de que la población que comparte esa
característica constituye solamente el 16 por ciento de la población peruana de
acuerdo con el censo nacional de 1993.
·
7. La CVR ha comprobado que, en
términos relativos, los muertos y desaparecidos tenían grados de instrucción
muy inferiores al promedio nacional., la CVR ha encontrado que el 68 por ciento
de las víctimas se encontraba por debajo de ese nivel.
·
10. La CVR ha hallado que el conflicto
puso de manifiesto graves limitaciones del Estado en su capacidad de garantizar
el orden público y la seguridad, así como los derechos fundamentales de sus
ciudadanos dentro de un marco de actuación democrático.
·
11. La CVR, asimismo, ha encontrado una
precaria vigencia del orden constitucional y el Estado de Derecho, los que en
esos tiempos de crisis fueron vulnerados.
·
68. La CVR diferencia en primer lugar
los años que van entre 1980 y 1992, tramo que transcurrió bajo regímenes
civiles electos democráticamente, del tramo final de nuestro mandato, posterior
al golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Ese cambio de régimen tiene una
incidencia directa sobre las responsabilidades de las máximas autoridades del
Estado en torno a las violaciones de los derechos humanos, pues la
centralización del poder incide en la relación más directa en principio entre
el Presidente de la República y los grupos que operan encubiertos por el poder
para perpetrar esas violaciones.
·
73.La CVR ha recogido amplia evidencia
de cómo en el combate a los grupos subversivos se cometieron gravísimas y
masivas violaciones de los derechos humanos, lo que invo-lucra en primer lugar
a los gobiernos, que eran los responsables del conjunto de la acción del Poder
Ejecutivo, del cual dependen las fuerzas del orden. Además de ello, los
gobiernos civiles electos incurrieron en la más grave responsabilidad al
desatender las denuncias de violaciones de derechos humanos o, en muchos casos,
al garantizar la impunidad de los responsables de las mismas.
·
74. La CVR encuentra que el primer
punto de inflexión institucional en la abdicación de la responsabilidad
democrática por parte de los gobiernos estuvo en la creación, por dispositivo
legal, de los comandos político-militares. Ellos subordinaron en la práctica al
poder civil en las zonas declaradas en estado de emergencia, pues terminaron
asumiendo la conducción no sólo militar, sino también política de la lucha
contrasubversi-va.11
·
112. Sin embargo, la CVR resalta el
papel positivo de la temprana denuncia de las violaciones de los derechos
humanos por parte de IU, tanto a través de sus partidos integrantes como de las
organizaciones sociales en las cuales tenía presencia y de sus representantes
en el Parlamento, que tuvieron un destacado papel en las más importantes
comisiones investigadoras del Congreso sobre temas vinculados al conflicto
armado in-terno (la matanza de los penales, los grupos paramilitares, las
causas de la violencia).
·
116. La CVR debe señalar que frente a
la militarización del conflicto, el Congreso no planteó ninguna alternativa o
plan viable. La principal actividad normativa estuvo a cargo del Ejecutivo. Y
cuando, finalmente, el Congreso retomó dicha función, no hizo sino reafirmar su
escasa voluntad de comprometerse a encontrar una respuesta severa y eficaz
frente al fenómeno subversivo.
·
136. La CVR ha comprobado que el Estado
descuidó desde décadas el tema educativo. Hubo proyectos modernizadores en la
década del 60 pero fracasaron. Ni la ley universitaria ni la reforma educativa
de 1972 lograron revertir esta tendencia. Tampoco neutralizaron el predominio
de pedagogías tradicionales autoritarias. En aquellos espacios que el Estado
fue dejando en su repliegue, germinaron nuevas propuestas. Ellas propugnaban un
cambio radical, no asimilable por el sistema social y político, sólo alcanzable
por la vía de la confrontación y sustentado en un marxismo dogmático y simplificado,
que se expandió ampliamente en las universidades durante la década de 1970.
Esos nuevos contenidos se transmitieron utilizando los viejos marcos
pedagógicos au-toritarios que no fueron cuestionados.
·
137. La CVR ha comprobado que, entre
muchos maestros y estudiantes universitarios, se volvió parte del sentido común
considerar el cumplimiento fatal de la historia a través de la vía de la
confrontación. Esa visión abrió espacios para el desarrollo de propuestas
autoritarias de extrema izquierda. La del PCP-SL fue sólo la más extrema.
·
139. La CVR encuentra una grave
responsabilidad del Estado: i) en el descuido de la educación pública en medio
de un conflicto que tenía al sistema educativo como importante terreno de
disputa ideológica y simbólica; ii) en el amedrentamiento y/o la
estigma-tización de comunidades enteras de maestros y estudiantes de
universidades públicas, especialmente de provincias16; iii) en el deterioro de
la infraestructura de servicios de varias universidades públicas; iv) en haber
permitido graves violaciones de los dere-chos humanos de estudiantes y
profesores por el hecho de ser tales.17
·
153. La CVR halla que el conflicto
armado interno que ha investigado es el más grave de nuestra historia
republicana y ha dejado secuelas muy profundas en todos los planos de la vida
nacional. La amplitud e intensidad del conflicto acentuaron los graves
desequilibrios nacionales, destruyeron el orden democrático, agudizaron la
pobreza y profundizaron la desigualdad, agravaron formas de discriminación y
exclusión, debilitaron las redes sociales y emocionales, y propiciaron una
cultura de temor y desconfianza. Es necesario, sin embargo, resaltar que, pese
a las duras condiciones, hubo personas y poblaciones que resistieron y se
esforzaron por la afirmación de una sociedad constructora de la paz y del
derecho.
·
154. La CVR hace notar que el conflicto
tuvo como resultado la masiva destrucción de la infraestructura productiva, y
pérdida de capital social y de oportunidades económicas. Los departamentos que
lo sufrieron con mayor intensidad se encuentran hoy en los últimos lugares en
los índices de pobreza y desarrollo humano. No es casualidad que cuatro de los
departamentos más afectados por el conflicto (Huancavelica, Ayacucho, Apurímac
y Huanuco) se encuentren entre los cinco más pobres del país.
·
155. A la CVR le ha sido posible
constatar que la violencia destruyó y desorganizó la vida social local,
especialmente por el asesinato de dirigentes y autoridades tradicionales y
estatales. Eso produjo un profundo debilitamiento de la sociedad civil, de los
partidos políticos y de las estructuras en donde más necesario era el
afianzamiento de un tejido social: los sectores más marginados y necesitados de
inclusión y expansión de la ciu-dadanía.
·
156. Para la CVR el desplazamiento
masivo desde las zonas de violencia constituyó un doloroso proceso de
desarraigo y empobrecimiento de cientos de miles de peruanos y peruanas; ello
produjo una urbanización compulsiva, así como un retroceso histórico en el
patrón de ocupación del territorio andino, lo que habrá de afectar por largo
tiempo las posibilidades de un desarrollo humano sostenible. La población
desplazada vio afectadas sus redes sociales, que debieron adaptarse con
distintos grados de éxito y con gran sufrimiento a las nuevas circunstancias,
lo cual constituyó un enorme reto para la provisión de servicios en las
ciudades. Asimismo, los desplazados por el conflicto fueron en muchos casos
estigmatizados y discriminados en escuelas, barrios y centros de trabajo. Al
retornar, tuvieron que enfrentar a veces graves problemas de tierras y ausencia
de apoyo suficiente para reorganizarse y sostener a sus familias.
·
157. La CVR ha constatado que toda una generación
de niños y jóvenes ha visto truncada o empobrecida su formación escolar y
universitaria como resultado del conflicto; ellos merecen atención preferente
del Estado.
·
158. La CVR es conciente de que el
conflicto armado interno intensificó hasta niveles insoportables el miedo y la
desconfianza, que a su vez contribuyeron a fragmentar y atomizar la sociedad.
En esas condiciones, el sufrimiento extremo ha causado resenti-miento y ha
teñido de recelo y violencia la convivencia social y las relaciones interpersonales.
·
159. La CVR ha constatado que amplios
sectores de la población afectada por la violencia sufren una u otras formas de
secuelas psicosociales, lo que debilita sus capacidades de desarrollarse y
superar las heridas del pasado.
·
160. Para la CVR una secuela del
conflicto armado interno en el terreno político es la descomposición moral en
la que se hundió el país durante los últimos años de la dictadura de Alberto
Fujimori. En efecto, la forma en que el Estado, las fuerzas políticas y
secto-res importantes de la opinión pública enfrentaron esos años, mostrando
indiferencia, tolerancia hacia las violaciones a los derechos humanos y
disposición a trocar democracia a cambio de seguridad como costo necesario para
terminarlo, abrió paso a la autocracia y a la impunidad.
·
163. La CVR, a partir del informe que
entrega al país, estima que, si bien pudo alegarse ignorancia o incomprensión
frente al drama que se vivió en los primeros años del con-flicto, ello no es
más posible. Enterados los poderes del Estado y los ciudadanos y ciudadanas a
quienes va dirigido nuestro informe de las sobrecogedoras dimensiones de lo
ocurrido, resulta indispensable, si queremos vivir civilizadamente en paz y en
democracia, reparar, en la medida de lo posible, los gravísimos daños que se
han ocasionado.
·
166. Para la CVR, la reparación implica
revertir el clima de indiferencia con actos de solidaridad que 167. La CVR
presenta al país un Plan Integral de Reparaciones donde se combinan formas
individuales y colectivas, simbólicas y materiales de resarcimiento. El Plan
debe ser financiado creativamente por el Estado, pero también por la sociedad y
la cooperación internacional; él pone énfasis en: i) las reparaciones
simbólicas, el rescate de la memoria y la dignificación de las víctimas; ii) la
atención a la educación y a la salud mental; iii) las reparaciones económicas
individuales y colectivas (programas de reconstrucción institucional,
desarrollo comunal, servicios básicos y generación de ingresos).
·
168. La CVR considera que una parte
esencial del proceso de reparación es la justicia. Ningún camino hacia la
reconciliación será transitable si no va acompañado de un ejercicio efectivo de
la justicia, tanto en lo que concierne a la reparación de los daños sufridos
por las víctimas cuanto en lo relativo al justo castigo a los perpetradores y
el consiguiente fin de la impunidad. No se puede construir un país éticamente
sano y políticamente viable sobre los cimientos de la impunidad. A través de
los casos que entrega al Ministerio Público, de la identificación de alrededor
de 24 mil víctimas del conflicto armado interno y de los hallazgos de sus
investigaciones en general, la CVR busca ampliar sustancialmente los argumentos
para sustentar el reclamo de justicia de las víctimas y de sus organizaciones,
así como de los organismos defensores de los derechos humanos y de los
ciudadanos en general.
·
169. Asimismo, la CVR ha elaborado un
Registro Nacional de Sitios de Entierro sobre la base de la información
obtenida durante sus investigaciones. Al término de su manda-to, la CVR ha
registrado 4,644 sitios de entierro a nivel nacional, habiendo realizado tres
exhumaciones y constataciones preliminares en 2,200 de ellos. Estas cifras que
superan ampliamente las estimaciones anteriores, confirman la importancia que
tiene impulsar y ejecutar el Plan Nacional de Intervenciones Antropológico
Forenses que propone la CVR. Asimismo, la CVR se ratifica en la importancia
fundamental del trabajo antropológico forense para alcanzar justicia,
identificar las posibles víctimas y procesar el duelo por nuestros compatriotas
desaparecidos.
·
170. La CVR propone que el gran
horizonte de la reconciliación nacional es el de la ciudadanía plena para todos
los peruanos y peruanas. A partir de su mandato de propiciar la reconciliación
nacional y de sus investigaciones realizadas, la CVR interpreta la
reconciliación como un nuevo pacto fundacional entre el Estado y la sociedad
peruanos, y entre los miembros de la sociedad.
·
171. La CVR entiende que la
reconciliación debe ocurrir en el nivel personal y familiar; en el de las
organizaciones de la sociedad y en el replanteamiento de las relaciones entre
el Estado y la sociedad en su conjunto. Los tres planos señalados deben
adecuarse a una meta general, que es la edificación de un país que se reconozca
positivamente como multiétnico, pluricultural y multilingüe. Tal reconocimiento
es la base para la superación de las prácticas de discriminación que subyacen a
las múltiples discordias de nuestra historia republicana.
