lunes, 16 de julio de 2012

Creo que ahora no hay disposición a atender la demanda de reparaciones a víctimas


Javier Diez Canseco:

Fue muy enfático. El Congresista de la República señaló que el Poder Ejecutivo está poco dispuesto a modificar el Decreto Supremo 051-2011-PCM, norma que cerró la inscripción de beneficiarios para acceder a las reparaciones económicas y determina entregar 10 mil nuevos soles a los familiares de las víctimas de la violencia política.
Esto lo declaró luego de participar en el II Foro Nacional de Víctimas y Afectados por la Violencia Política, “Reparaciones para las víctimas de la violencia política: Una tarea pendiente”, realizado este miércoles 11 de julio en el Congreso de la República.
El parlamentario mostró su indignación por la inasistencia de representantes del Ministerio de Justicia y Ministerio de Economía, quienes debieron explicar la posición del Ejecutivo sobre la demora de la modificatoria de dicho decreto y la implementación integral de las reparaciones.
Usted ha señalado que tiene un proyecto de ley para presentar al Congreso de la República. ¿En qué consiste este proyecto de ley?
Nosotros ya presentamos un proyecto de ley el día 30 de marzo de este año para que se derogue el decreto 051 (D.S. 051-2011-PCM) que cierra la inscripción de personas que puedan recibir reparaciones individuales por ser víctimas de la violencia política y que establece un monto ridículo de indemnización de 10 mil nuevos soles por familia, para producir una elevación que haga que la compensación mínima que reciba una familia equivalga lo que reciben los miembros de los comités de auto defensa que son 10 unidades impositivas tributarias; es decir 36 mil nuevos soles como monto mínimo. Se plantea además que las reparaciones no solamente sean económicas, sino también en salud, reparaciones en educación, reparaciones psicológicas y reparaciones judiciales-jurídicas en este terreno; de forma tal que esta es la propuesta que presentamos.
Ésta propuesta fue materia de discusión en el Congreso y se aprobó un proyecto de Ley, pero el proyecto ha sido observado por el Presidente de la República, es decir se ha opuesto a promulgarlo y lo ha devuelto al Congreso; ahora que se inicie la nueva legislatura vamos presentar que sea discutida esa observación y vamos a buscar insistir en las propuestas que hemos defendido en el proyecto de ley que hemos presentado.
¿Qué disposición hay por parte de otras bancadas para poder impulsar este proyecto?
Bueno, la bancada que más se opone a éste tema; ignorando que hay víctimas que son familiares de población campesina y rural, familiares de policías también, familiares de personas que han sido víctimas de la violencia de ambos bandos; son los representantes del APRA, del partido de Alan García y de Perú 2011 del fujimorismo (Fuerza 2011)
¿Cuál es su posición, porque existe una oposición?
Ellos sostienen que reparar a las víctimas de la violencia es pagarle a los senderistas, y por lo tanto confunden completamente cuál es la realidad de las cosas y quiénes son las personas que son víctimas de la violencia que son en su absoluta mayoría hombres y mujeres que provienen del campo, quechua hablantes buena parte de ellos, la gran mayoría como lo demuestra el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
¿Cuál es su percepción frente al ejecutivo para implementar el Plan Integral de Reparaciones y la propia modificatoria del decreto supremo 051?
Yo creo que había una actitud positiva, cuando el debate comenzó y el Primer Ministro de ese entonces Salomón Lerner presentó este proyecto que incluía 221 millones de soles en el presupuesto nacional, pero esto no se logró en la aprobación del presupuesto, luego salió Salomón Lerner y creo que ahora no hay en realidad una posición dispuesta a atender este reclamo.
Últimamente, todavía se están realizando exhumaciones como en Putis, donde hay 29 fosas más. ¿Qué iniciativa tomarán ustedes?
Parte del problema aquí es que hay que dedicarle más recursos a producir las exhumaciones de fosas, porque hay muchísimas fosas ubicadas, pero no se están exhumándo por falta de recursos; se requiere además de antropólogos forenses que participen en la exhumación para poder recoger pruebas y se requiere que el Ministro de Defensa y otros organismos den el nombre del personal que estaría comprometido en los hechos de la violencia de los que se está hablando para que puedan ser procesados. Creo ésta es una tarea que todavía está pendiente y que requiere mayor apoyo para ese efecto.
Hay planteamientos de las organizaciones de derechos humanos, también de la propia Cruz Roja Internacional de hacer exhumaciones humanitarias y hacer entierros dignos que muchas veces son el pedido de los familiares.
El problema que ocurre con eso es que es una posibilidad, pero si no tenemos técnicos en el tema se pueden perder una cantidad de elementos de prueba que permita luego en los juicios para castigar a los culpables; o sea, si yo saco las fosas así no más como está y no me ocupo de ver las características en la que estaban los cuerpos; por donde han entrado las balas que produjeron la muerte, no puedo luego comprobar quienes han sido los responsables y no los puedo castigar, por eso es muy importante que estos procesos se lleven con equipos técnicos que nos permitan conseguir las pruebas necesarias también para castigar  a los responsables.
Yo entiendo la preocupación de los familiares por producir el entierro de sus familiares y por tener la tranquilidad de que descansen en paz, pero creo también que es muy importante que se cuente con equipos técnicos que nos permita encontrar las pruebas para acusar a los responsables de los hechos que se han producido.

POR: HONORATO MÉNDEZ BAUTISTA

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