viernes, 26 de agosto de 2016

Debatamos abiertamente del Informe de la CVR.


Debatamos abiertamente del Informe de la CVR.

A propósito de años de la CVR

Percy Huauya Bautista (*)

El informe  final de la  Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR),. El Informe Final se presentó hace trece años atrás un  28 de agosto del 2003, ante el presidente Alejandro Toledo Manrique. Fue una comisión peruana encargada principalmente de elaborar un informe sobre la violencia armada interna, vivida en el Perú durante el periodo entre los años 1980 y 2000. Creada en junio de 2001 por el presidente provisional Valentín Paniagua.
El PCP-SL causó el 54% de las víctimas fatales reportadas a la CVR y  Las Fuerzas Armadas son responsables del 37% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR .
Cabe recordar que esta violencia se dio en los Gobiernos con democracia relativa de Fernando Belaunde Terry, Alan García Pérez y Alberto Fujimori, teniendo el pico más alto en los últimos años de Belaunde Terry y Alan García. La CVR  concluyó que durante los años de guerra murieron alrededor de 70 mil personas, de las cuales más de 20 mil resultaron ser víctimas de las fuerzas armadas. Los gobiernos de Fernando BelaúndeAlan García y Alberto Fujimori tenían responsabilidad en la represión, aunque la mayoría de las violaciones de derechos humanos, y las más atroces, se produjeron durante el gobierno de Alberto Fujimori
A diferencia de lo ocurrido con grupos similares creados en otros países, en el Perú la Comisión de la Verdad y Reconciliación no recibió una aceptación unánime de la sociedad, existiendo más bien escepticismo y hasta rechazo en importantes sectores de la misma. Diversos partidos políticos como el grupo fujimorista, el Partido Aprista PeruanoAcción Popular y el PPC han formulado críticas a la labor de la CVR. Asimismo, algunas personalidades han formulado también reservas frente a aspectos puntuales del trabajo de la Comisión.
Durante esta última semana el editorial de un diario de circulación  refirió “Debatamos abiertamente el Informe de la CVR. No es una Verdad revelada por Dios. Propuesta: hagamos un debate semanal sobre cada uno de los capítulos del Informe en el Auditorio Mario Vargas Llosa en la Biblioteca Nacional. Por un lado, se tiene a los miembros de la CVR -para que sustenten su trabajo-; y por el otro a sus detractores (principalmente, quienes se sienten "excluidos" o "no escuchados" en su momento). El público que atiende, envía sus preguntas al moderador (que puede ser Güido Lombardi). Nada de barras o "portátiles". Enfrentemos nuestro pasado y nuestros demonios.
No hemos construido una Verdad colectiva; hemos construido un mosaico de verdades parciales que no permiten un discurso convergente e integrador como país”[i].
AVANCES:
A lo largo de estos años podemos definir en cada gobierno algunos avances:
Gobierno de Alejandro Toledo:
·         Aval y reforzamiento de la creación de la  CVR creado por el gobierno de Transición Valentín Paniagua
·         Creación de la Comisión Multisectorial de CMAN.
·         Recepción del Informe Final de la CVR
·         Aprobación multianual de políticas de reparación colectiva
·         Aprobación de la Ley de Reparaciones
Gobierno Alan García Pérez.
·         Inicio de reparaciones colectivas.
·         Reglamentación de la ley 28592
·         Inicio de reparaciones económicas con monto de 10 mil soles
Con Gobierno Ollanta Humala Tasso.
·         Consulta de 10 UIT de Reparación Económica(sin respuesta hasta ahora)
·         Avance de 85% de reparación económica con el mismo monto.
·         Creación de REPARED.
·         Lineamientos de aprobación de acceso y facilitación habitacional a través de programa Techo propio.
·         Sucesión de derechos en reparación para educación.
·         Inicio de reparaciones simbólicas a través de acompañamiento de entrega de restos.
·         Promulgación de la ley de Búsqueda de Desaparecidos.
·         Elaboración del Plan nacional de Derechos Humanos.
Pero para acompañamiento, seguimiento de las recomendaciones de la CVR, la sociedad civil también se organizaron para hacer la incidencia correspondiente como.
·         Se conformó el movimiento ciudadano Para Que no se Repita, para realizar un seguimiento al desarrollo y aplicación de las recomendaciones de la CVR en año 2003, así como  la creación en Ayacucho  el Frente Regional de Organizaciones de base por la Verdad y Justicia conformados por organizaciones juveniles afectados de Asociación de Jóvenes huérfanos por la violencia política, juventud ANFASEP, AMA QUANQANPAQ, organizaciones sociales como FADA(sector campesino) y FEDECMA(mujeres organizados en club de madres). Y comunidades afectadas y desde 2007 Coordinadora Regional de Organizaciones Afectados por la Violencia Política CORAVIP. Ellos se sumaron a las luchas de ANFASEP.
·         Se Creó la Coordinadora nacional de Organizaciones afectadas- CONAVIP en el año 2005 y en Ayacucho el Movimiento para que no se repita.
·         Se realizó la Marcha de los Waris para reclamar atención preferente para las regiones mas afectados por la violencia.
A 13 años de la CVR, los que exigieron en post de la justicia, Verdad, Reconciliación, Memoria y Reparación, fueron los mismos actores  como son las víctimas y familiares, que los primeros años acompañados de las ONGs de Derechos Humanos, siempre en cuando se contaba con proyectos y recursos propios de los casos emblemáticos, pero más allá de los avances  como la atención preferente en inversiones  sociales en las regiones más afectadas principalmente en este último gobierno hace mucha falta  un presupuesto adecuado con sus propios metas, función  en el gobierno central y locales para su atención adecuada y fortalecer a la CMAN como entidad técnica autónoma y ejecutiva  con un presupuesto de 400 millones por año durante los 10 años para algunos ítem del del Plan integral de Reparaciones como la reparación económica, colectiva, acompañamiento y fortalecimiento de  organizaciones y comunidades, para la ley de búsqueda de desaparecidos y simbólicas y otros reparaciones  y recomendaciones de la CVR con reformas institucionales  por otros ministerios y gobiernos sub nacionales.
A 13 años  se necesita ver  la visión de país con atención preferente a las regiones pobres y afectados  con inversiones  similares como la costa del Perú, con cero anemia y nutrición, calidad educativa, profesionales  bien renumeradas en zonas rurales y sobre todo  con fortalecimiento de capacidades de emprendedurismo de las comunidades y poblaciones vulnerables como los afectados y víctimas de la violencia ,así como los gobiernos locales  pobres  para una atención adecuada  sus ciudadanos y sobre todo oportunidad laboral para que no se repita y una refocilación posible en el tiempo.



(*) Fundador de FROBAVEJ-CORAVIP y actual Presidente del Movimiento  Regional AYNI
Pero es necesario ver algunas recomendaciones de la CVR, para tener en cuenta y sacar conclusiones
·         4. La CVR ha constatado que existió una notoria relación entre situación de pobreza y exclusión social, y probabilidad de ser víctima de la violencia. En el departamento andino de Ayacucho se concentra más del 40 por ciento de muertos y desaparecidos reportados a la CVR. Al sumar a ello las víctimas consignadas por la CVR en los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín se llega al 85 por ciento de las víctimas registradas por la CVR.3
·         5. La CVR ha constatado que la población campesina fue la principal víctima de la violencia. De la totalidad de víctimas reportadas, el 79 por ciento vivía en zonas rurales y el 56 por ciento se ocupaba en actividades agropecuarias. Estas cifras contrastan con las del censo de 1993 según el cual el 29 por ciento de personas vivían en zonas rurales y el 28 por ciento de la PEA nacional estaba ocupada en el sector agropecuario.
·         6. La CVR ha podido apreciar que, conjuntamente con las brechas socioeconómicas, el proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país. Del análisis de los testimonios recibidos resulta que el 75 por ciento de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno. Este dato contrasta de manera elocuente con el hecho de que la población que comparte esa característica constituye solamente el 16 por ciento de la población peruana de acuerdo con el censo nacional de 1993.
·         7. La CVR ha comprobado que, en términos relativos, los muertos y desaparecidos tenían grados de instrucción muy inferiores al promedio nacional., la CVR ha encontrado que el 68 por ciento de las víctimas se encontraba por debajo de ese nivel.
·         10. La CVR ha hallado que el conflicto puso de manifiesto graves limitaciones del Estado en su capacidad de garantizar el orden público y la seguridad, así como los derechos fundamentales de sus ciudadanos dentro de un marco de actuación democrático.
·         11. La CVR, asimismo, ha encontrado una precaria vigencia del orden constitucional y el Estado de Derecho, los que en esos tiempos de crisis fueron vulnerados.
·         68. La CVR diferencia en primer lugar los años que van entre 1980 y 1992, tramo que transcurrió bajo regímenes civiles electos democráticamente, del tramo final de nuestro mandato, posterior al golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Ese cambio de régimen tiene una incidencia directa sobre las responsabilidades de las máximas autoridades del Estado en torno a las violaciones de los derechos humanos, pues la centralización del poder incide en la relación más directa en principio entre el Presidente de la República y los grupos que operan encubiertos por el poder para perpetrar esas violaciones.
·         73.La CVR ha recogido amplia evidencia de cómo en el combate a los grupos subversivos se cometieron gravísimas y masivas violaciones de los derechos humanos, lo que invo-lucra en primer lugar a los gobiernos, que eran los responsables del conjunto de la acción del Poder Ejecutivo, del cual dependen las fuerzas del orden. Además de ello, los gobiernos civiles electos incurrieron en la más grave responsabilidad al desatender las denuncias de violaciones de derechos humanos o, en muchos casos, al garantizar la impunidad de los responsables de las mismas.
·         74. La CVR encuentra que el primer punto de inflexión institucional en la abdicación de la responsabilidad democrática por parte de los gobiernos estuvo en la creación, por dispositivo legal, de los comandos político-militares. Ellos subordinaron en la práctica al poder civil en las zonas declaradas en estado de emergencia, pues terminaron asumiendo la conducción no sólo militar, sino también política de la lucha contrasubversi-va.11
·         112. Sin embargo, la CVR resalta el papel positivo de la temprana denuncia de las violaciones de los derechos humanos por parte de IU, tanto a través de sus partidos integrantes como de las organizaciones sociales en las cuales tenía presencia y de sus representantes en el Parlamento, que tuvieron un destacado papel en las más importantes comisiones investigadoras del Congreso sobre temas vinculados al conflicto armado in-terno (la matanza de los penales, los grupos paramilitares, las causas de la violencia).
·         116. La CVR debe señalar que frente a la militarización del conflicto, el Congreso no planteó ninguna alternativa o plan viable. La principal actividad normativa estuvo a cargo del Ejecutivo. Y cuando, finalmente, el Congreso retomó dicha función, no hizo sino reafirmar su escasa voluntad de comprometerse a encontrar una respuesta severa y eficaz frente al fenómeno subversivo.
·         136. La CVR ha comprobado que el Estado descuidó desde décadas el tema educativo. Hubo proyectos modernizadores en la década del 60 pero fracasaron. Ni la ley universitaria ni la reforma educativa de 1972 lograron revertir esta tendencia. Tampoco neutralizaron el predominio de pedagogías tradicionales autoritarias. En aquellos espacios que el Estado fue dejando en su repliegue, germinaron nuevas propuestas. Ellas propugnaban un cambio radical, no asimilable por el sistema social y político, sólo alcanzable por la vía de la confrontación y sustentado en un marxismo dogmático y simplificado, que se expandió ampliamente en las universidades durante la década de 1970. Esos nuevos contenidos se transmitieron utilizando los viejos marcos pedagógicos au-toritarios que no fueron cuestionados.
·         137. La CVR ha comprobado que, entre muchos maestros y estudiantes universitarios, se volvió parte del sentido común considerar el cumplimiento fatal de la historia a través de la vía de la confrontación. Esa visión abrió espacios para el desarrollo de propuestas autoritarias de extrema izquierda. La del PCP-SL fue sólo la más extrema.
·         139. La CVR encuentra una grave responsabilidad del Estado: i) en el descuido de la educación pública en medio de un conflicto que tenía al sistema educativo como importante terreno de disputa ideológica y simbólica; ii) en el amedrentamiento y/o la estigma-tización de comunidades enteras de maestros y estudiantes de universidades públicas, especialmente de provincias16; iii) en el deterioro de la infraestructura de servicios de varias universidades públicas; iv) en haber permitido graves violaciones de los dere-chos humanos de estudiantes y profesores por el hecho de ser tales.17
·         153. La CVR halla que el conflicto armado interno que ha investigado es el más grave de nuestra historia republicana y ha dejado secuelas muy profundas en todos los planos de la vida nacional. La amplitud e intensidad del conflicto acentuaron los graves desequilibrios nacionales, destruyeron el orden democrático, agudizaron la pobreza y profundizaron la desigualdad, agravaron formas de discriminación y exclusión, debilitaron las redes sociales y emocionales, y propiciaron una cultura de temor y desconfianza. Es necesario, sin embargo, resaltar que, pese a las duras condiciones, hubo personas y poblaciones que resistieron y se esforzaron por la afirmación de una sociedad constructora de la paz y del derecho.
·         154. La CVR hace notar que el conflicto tuvo como resultado la masiva destrucción de la infraestructura productiva, y pérdida de capital social y de oportunidades económicas. Los departamentos que lo sufrieron con mayor intensidad se encuentran hoy en los últimos lugares en los índices de pobreza y desarrollo humano. No es casualidad que cuatro de los departamentos más afectados por el conflicto (Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Huanuco) se encuentren entre los cinco más pobres del país.
·         155. A la CVR le ha sido posible constatar que la violencia destruyó y desorganizó la vida social local, especialmente por el asesinato de dirigentes y autoridades tradicionales y estatales. Eso produjo un profundo debilitamiento de la sociedad civil, de los partidos políticos y de las estructuras en donde más necesario era el afianzamiento de un tejido social: los sectores más marginados y necesitados de inclusión y expansión de la ciu-dadanía.
·         156. Para la CVR el desplazamiento masivo desde las zonas de violencia constituyó un doloroso proceso de desarraigo y empobrecimiento de cientos de miles de peruanos y peruanas; ello produjo una urbanización compulsiva, así como un retroceso histórico en el patrón de ocupación del territorio andino, lo que habrá de afectar por largo tiempo las posibilidades de un desarrollo humano sostenible. La población desplazada vio afectadas sus redes sociales, que debieron adaptarse con distintos grados de éxito y con gran sufrimiento a las nuevas circunstancias, lo cual constituyó un enorme reto para la provisión de servicios en las ciudades. Asimismo, los desplazados por el conflicto fueron en muchos casos estigmatizados y discriminados en escuelas, barrios y centros de trabajo. Al retornar, tuvieron que enfrentar a veces graves problemas de tierras y ausencia de apoyo suficiente para reorganizarse y sostener a sus familias.
·         157. La CVR ha constatado que toda una generación de niños y jóvenes ha visto truncada o empobrecida su formación escolar y universitaria como resultado del conflicto; ellos merecen atención preferente del Estado.
·         158. La CVR es conciente de que el conflicto armado interno intensificó hasta niveles insoportables el miedo y la desconfianza, que a su vez contribuyeron a fragmentar y atomizar la sociedad. En esas condiciones, el sufrimiento extremo ha causado resenti-miento y ha teñido de recelo y violencia la convivencia social y las relaciones interpersonales.
·         159. La CVR ha constatado que amplios sectores de la población afectada por la violencia sufren una u otras formas de secuelas psicosociales, lo que debilita sus capacidades de desarrollarse y superar las heridas del pasado.
·         160. Para la CVR una secuela del conflicto armado interno en el terreno político es la descomposición moral en la que se hundió el país durante los últimos años de la dictadura de Alberto Fujimori. En efecto, la forma en que el Estado, las fuerzas políticas y secto-res importantes de la opinión pública enfrentaron esos años, mostrando indiferencia, tolerancia hacia las violaciones a los derechos humanos y disposición a trocar democracia a cambio de seguridad como costo necesario para terminarlo, abrió paso a la autocracia y a la impunidad.
·         163. La CVR, a partir del informe que entrega al país, estima que, si bien pudo alegarse ignorancia o incomprensión frente al drama que se vivió en los primeros años del con-flicto, ello no es más posible. Enterados los poderes del Estado y los ciudadanos y ciudadanas a quienes va dirigido nuestro informe de las sobrecogedoras dimensiones de lo ocurrido, resulta indispensable, si queremos vivir civilizadamente en paz y en democracia, reparar, en la medida de lo posible, los gravísimos daños que se han ocasionado.
·         166. Para la CVR, la reparación implica revertir el clima de indiferencia con actos de solidaridad que 167. La CVR presenta al país un Plan Integral de Reparaciones donde se combinan formas individuales y colectivas, simbólicas y materiales de resarcimiento. El Plan debe ser financiado creativamente por el Estado, pero también por la sociedad y la cooperación internacional; él pone énfasis en: i) las reparaciones simbólicas, el rescate de la memoria y la dignificación de las víctimas; ii) la atención a la educación y a la salud mental; iii) las reparaciones económicas individuales y colectivas (programas de reconstrucción institucional, desarrollo comunal, servicios básicos y generación de ingresos).
·         168. La CVR considera que una parte esencial del proceso de reparación es la justicia. Ningún camino hacia la reconciliación será transitable si no va acompañado de un ejercicio efectivo de la justicia, tanto en lo que concierne a la reparación de los daños sufridos por las víctimas cuanto en lo relativo al justo castigo a los perpetradores y el consiguiente fin de la impunidad. No se puede construir un país éticamente sano y políticamente viable sobre los cimientos de la impunidad. A través de los casos que entrega al Ministerio Público, de la identificación de alrededor de 24 mil víctimas del conflicto armado interno y de los hallazgos de sus investigaciones en general, la CVR busca ampliar sustancialmente los argumentos para sustentar el reclamo de justicia de las víctimas y de sus organizaciones, así como de los organismos defensores de los derechos humanos y de los ciudadanos en general.
·         169. Asimismo, la CVR ha elaborado un Registro Nacional de Sitios de Entierro sobre la base de la información obtenida durante sus investigaciones. Al término de su manda-to, la CVR ha registrado 4,644 sitios de entierro a nivel nacional, habiendo realizado tres exhumaciones y constataciones preliminares en 2,200 de ellos. Estas cifras que superan ampliamente las estimaciones anteriores, confirman la importancia que tiene impulsar y ejecutar el Plan Nacional de Intervenciones Antropológico Forenses que propone la CVR. Asimismo, la CVR se ratifica en la importancia fundamental del trabajo antropológico forense para alcanzar justicia, identificar las posibles víctimas y procesar el duelo por nuestros compatriotas desaparecidos.
·         170. La CVR propone que el gran horizonte de la reconciliación nacional es el de la ciudadanía plena para todos los peruanos y peruanas. A partir de su mandato de propiciar la reconciliación nacional y de sus investigaciones realizadas, la CVR interpreta la reconciliación como un nuevo pacto fundacional entre el Estado y la sociedad peruanos, y entre los miembros de la sociedad.
·         171. La CVR entiende que la reconciliación debe ocurrir en el nivel personal y familiar; en el de las organizaciones de la sociedad y en el replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad en su conjunto. Los tres planos señalados deben adecuarse a una meta general, que es la edificación de un país que se reconozca positivamente como multiétnico, pluricultural y multilingüe. Tal reconocimiento es la base para la superación de las prácticas de discriminación que subyacen a las múltiples discordias de nuestra historia republicana.

martes, 23 de agosto de 2016

ACUERDOS Y CONCLUSIONES DEL VII CONGRESO REGIONAL DE ORGANIZACIONES DE ORGANIZACIONES AFECTADOS POR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE AYACUCHO - CORAVIP.





ACUERDOS Y CONCLUSIONES DEL VII CONGRESO REGIONAL DE ORGANIZACIONES DE ORGANIZACIONES AFECTADOS POR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE AYACUCHO - CORAVIP.
 La Coordinadora Regional de Organizaciones Afectados por la Violencia Política de Ayacucho “CORAVIP”, reunidos en el VII Congreso Regional efectuado en la ciudad de Ayacucho los días 19 y 20 de agosto del 2016, en el marco del 13° aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación; con participación de organizaciones emblemáticas como: ANFASEP, AFADIVPA, AJOHVISOP, JUVENTUD ANFASEP, dirigentes e integrantes de las organizaciones de afectados por la violencia política de la región Ayacucho. En dicho Congreso Regional se arribaron a los siguientes acuerdos y conclusiones:
Primero: CORAVIP, como organización de organizaciones afectados por la violencia política reconoce al Estado Peruano por los avances en la implementación del Plan Integral de Reparaciones, Búsqueda de Personas Desaparecidas y algunas Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sin embargo están pendientes las grandes Reformas Institucionales que deben impulsar las autoridades de turno para promover el acceso a los derechos humanos en igualdad de condiciones y buscar la equidad entre peruanos y peruanas.
Segundo: CORAVIP advierte y denuncia públicamente sobre las serias deficiencias que existe en la ejecución del Programa Techo Propio a favor de afectados por la violencia política, donde las entidades técnicas encargas de construir las viviendas estarían estafando a las humildes familias con entrega de viviendas fantasmas y físicamente similares a pesar de la diferencia de diez mil soles a favor de personas afectadas.
Tercero: CORAVIP invoca a las instituciones encargadas de implementar el Plan Integral de Reparaciones, como el Consejo de Reparaciones de acelerar el proceso de registro y acreditación a las víctimas y organizaciones de afectados por violencia política, asimismo CMAN debe cumplir con la supervisión y monitoreo de los proyectos del programa de reparaciones colectivos que vienen ejecutando los gobiernos locales, que en muchos casos no estarían respetando los expedientes técnicos, así como de la implementación de Acceso Habitacional .
Cuarto: CORAVIP, durante el VII Congreso Regional presentó un conjunto de demandas a la Vice Ministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia, donde debe priorizar para los primeros tres meses de su gestión:
a.       La apertura del registro de víctimas de los años 1980 al 2000 para acceder al programa de reparaciones económicas quienes se quedaron sin este beneficio desde el año 2011.
b.       Incorporación en la lista de beneficiarios del programa de reparaciones económicas por  múltiple afectación
c.        Aprobación del Reglamento de la Ley de Desaparecidos  y su implementación  con un presupuesto adecuado 
d.       Seguimiento y monitoreo desde el Ministerio de Justicia al Programa Techo Propio para evitar posibles estafas de las empresas constructoras y cumplir las metas según el monto establecido.
e.       Coordinación entre el Gobierno Regional de Ayacucho y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la implementación del proyecto Santuario de la Memoria de La Hoyada en Ayacucho.
Quinto: A parte de las demandas consensuadas con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, CORAVIP demanda el cumplimiento de los siguientes puntos:
a.       Reglamentación y asignación de fondos para la implementación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas desde el Ministerio de Justicia, Ministerio Público y e Instituto de Medicina Legal.
b.       Aprobación de fondos e inclusión en el Presupuesto Institucional de Apertura 2017 del Gobierno Regional de Ayacucho los proyectos de salud mental a favor de personas afectadas por la violencia política.
c.        Incremento del monto de reparaciones económicas de S/. 10,000.00 (diez mil con 00/100 soles) a 10 unidades impositivas tributarias por cada víctima.
d.       La transferencia de becas REPARED debe ser libre y abierto para que los descendientes de las víctimas puedan beneficiarse sin límites de tiempo tanto en acreditación y beneficio de dicho programa.
e.       Oportunidad laboral para las personas afectadas por la violencia política, porque muchas personas a pesar de tener formación técnica y profesional no cuentan con fuentes laborables.
f.         Que el presupuesto de las reparaciones colectivas sea con un presupuesto de 400 mil soles, así como a través de D.S, dotar bonificación de puntos porcentuales en los fondos concursarles para las regiones y distritos afectados, para las inversiones educativas productivas, sociales, agua y saneamiento.
Sexto: CORAVIP y las personas afectadas por la violencia política no desmayarán en la exigencia del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y es deber moral de las autoridades de turno en atender las demandas justas y cerrar tanto años de dolor en las víctimas.
Ayacucho, agosto del 2016

viernes, 11 de octubre de 2013

ACUERDOS Y COMPROMISOS ASUMIDOS EN LAS REUNIONES CON EL PRESIDENTE DE CONSEJO DE MINISTROS, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

ACUERDOS Y COMPROMISOS ASUMIDOS EN LAS REUNIONES CON EL PRESIDENTE DE CONSEJO DE MINISTROS, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,VICEMINISTRO DE DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA,CMAN, CONGRESISTAS DE AYACUCHO Y APURIMAC Y  LÍDERES/AS DE LA CONAVIP, REALIZADO LOS DÍAS 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2013.

1.       El Ministro de Justicia y Derechos Humanos pidió perdón por los casos cometidos tanto por el Estado como por parte del sendero luminoso durante los años de la violencia política ocurrido en nuestro país desde 1980 - 2000.
2.       Ya cuanta con el estudio de costo beneficio para el incremento del monto de las reparaciones económicas, y en 07 días calendarios presentarán al despacho del Ministerio de Economía y Finanzas.
3.       Existe propuesta para la modificatoria del DS.051-2011-PCM, en el rubro del Registro Único de Víctimas – RUV, y harán las coordinaciones con las instituciones públicas para que puedan asumir este proceso, ya que los Consejeros del Consejo de Reparaciones renunciaron.
4.       Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, presentará al Congreso de la República, un proyecto de ley para establecer una política de búsqueda de personas desaparecidas, que establezca un Plan Nacional de búsqueda de personas desaparecidas y que permita coordinar mejor a los sectores involucrados en este proceso.
5.       La Presidencia de Consejo de Ministros y el Gobierno Regional de Ayacucho, están coordinando para la Hoyada sea declarado como un santuario de la Memoria.
6.       El MINJUSDDHH, elaborarán una propuesta para la defensa legal a las víctimas y familiares de la violencia política.
7.       El MINJUSDDHH, están en proceso de gestión para la lista 10 del programa de reparaciones económicas del año 2013
8.       Para el programa de reparaciones en educación, el lineamiento está aprobado como un plan multianual 2014 - 2017, y que el ministerio de educación tendrá mayor presupuesto para el año 2014.
9.       Cuentan con una propuesta de lineamiento para las reparaciones en vivienda, y se encuentra en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
10.   En el programa de reparaciones en salud, ya cuentan con un el lineamiento aprobado, aún falta una norma técnica que incorpore el tema de salud mental, y este último se encuentra en Ministerio de Salud.
11.   Ya cuentan con una propuesta de ley que elimina la calificación del SISFOH, a los beneficiarios del Plan Integral de Reparaciones.
12.   Cuentan también con una propuesta para la modificatoria del artículo 18 del reglamento del Plan Integral de Reparaciones – PIR sobre la sucesión de derecho, principalmente en educación.
13.   Propuesta para la modificatoria del artículo 44 del reglamento del Plan Integral de Reparaciones sobre la doble afectación.
14.   Por último, el presupuesto para el Plan Integral de Reparaciones para el año 2014, el MINJUSDDHH enviará el Congreso de la Republica un monto mayor que lo que se cuenta a la fecha.

15.    

viernes, 28 de junio de 2013

PROPUESTAS DEL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES Y BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS



Acuerdo: Ayacucho Por Justicia y Reparación Digna 2013





 A.- PRESENTACIÓN 
El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación   señaló que los 20 años de violencia trajo  aproximadamente 69, 280 personas desaparecidas y asesinadas en el Perú, de los cuales  existen  en Ayacucho: 10.000 asesinatos, más de 12.000 desaparecidos, más de 18 mil huérfanos  y 170.000 desplazados, que representan el 35% de su población a si mismo   más de mil fosas comunes registrados. En cuanto el Consejo de Reparaciones ya cuenta  con un aproximado de más de 177 mil víctimas  y  familiares a nivel nacional  mientas Ayacucho representaría con más de 77 mil víctimas y familiares acreditadas por Consejo de Reparaciones.
A puertas de 10 años del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación al Estado Peruano, ha cumplido  de manera parcial con los compromisos asumidos y recomendaciones, pero que no han calmado las expectativas  de la población beneficiarias.
Una de ellas es el Plan Integral de Reparaciones de los cuales las reparaciones colectivas  más allá de ser participativo no fueron  percibidas como reparación si no como el deber de cumplimiento o gestión del Estado local, en tema de salud  a pesar de un esfuerzo normativo no son aplicadas  por las operadoras del sector, en Educación se inició recientemente pero desde punto de vista del programa PRONABEC, al acceso y Facilitación Habitacional solo refiere el reglamento de Techo propio con prioridad para las víctimas de la violencia política de Ayacucho, en Restitución Ciudadana no se percibe, en Simbólicas solo intenciones y otras programas ninguno, en tema de Reparación Económica generó un alivio a las familias de extrema pobreza, sin embargo la re victimizaron y su implementación de enfoque discriminatorio de un Decreto promulgado por Alan García con un cierto sesgo y irrealidad; una reparación económica que después de 30 años de espera sólo recayó 450, 820 soles, etc y las otras recomendaciones como la reforma del Estado un saludo a la Bandera, pues en pleno siglo 21 a los peruanos tratan de discriminar de los derechos ganados por el hombre , donde las oportunidades laborales con sueldos altos son para los blanquiñosos. Tampoco se visibiliza  el labor de la búsqueda de personas desaparecidas En conclusión el Estado Peruano (sus gobernadores) han actuado de manera falacia y esquiva a las recomendaciones de las instituciones democráticas y organizaciones sociales, por lo cual esta se puede repetir si no se asume  de manera responsable.
A diez años  de la fundación  como FROBAVEJ y actual CORAVIP de la organización de organizaciones afectados  ha tenido muchas dificultades  y logros importantes. Sin embargo a lo largo de estos años ha liderado a nivel nacional para el cumplimiento de las recomendaciones de la CVR, justicia y reparación siempre con acompañamiento de las instituciones de Derechos Humanos. Hoy no se cuenta con el mismo apoyo  de los aliados, pero hay una experiencia institucional y liderazgo de sus líderes para asumir retos  del nivel regional y nacional así gestionar y atraer reivindicaciones y inversiones  en favor de toda la población principalmente para las víctimas y familiares de la violencia política que el Perú vivió en los décadas de los años 1980 al 2000.
                En este contexto especial de 10 años de la CVR, queremos contribuir el sueño y anhelo de las víctimas de una reparación digno de un monto de 10 UIT y su integralidad de manera paulatina, para ello se ha programado el V Congreso Regional de Organizaciones Afectados por la Violencia Política  denominado “Mamá Angélica” con más de 2000 delegados del interior de la región, un acto de reivindicación de su demanda y propuestas para la consideración de pleno, paulatina hasta  en un plazo de 8 años  del presente  documento  de un  Acuerdo: Ayacucho Por Justicia y Reparación Digna 2013.
Esta apuesta es con el acuerdo de las organizaciones afectadas principalmente de AJOHVISOP, AFADIPA, ANFASEP, entre otras; para la continuidad de su lucha en la reivindicación de mejor derechos para las comunidades afectadas, victimas y familiares, personas desplazadas
B.- JUSTIFICACIÓN
Urge la necesidad de implementar por ser de derecho, de reivindicación social y  real  de la vergüenza histórica de los sucesos y las responsabilidades de los funcionarios del Estado de entonces, que se heredó, sin la implementación  o  caso contario  cómplices de este barbarie que pasó. Urge la necesidad de cumplir por el cumplimiento  la ley, los tratados internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el valor del principio de la humanidad y solidaridad.
Urge su implementación  por ser una deuda histórica de siglos, pues nunca se atendió a los pueblos andinos como hoy si  vemos su inicio, pero en nuestras demandas  específicas de la Verdad, justicia ya son 32 años, y desde el compromiso institucional del Estado   para un proceso de Reconciliación son 10 años, con 3 presidentes constitucionales democráticos, que estamos esperando … otra barbarie no lo creo pues ya hemos aprendido lecciones como Estado y como personas individuales que hemos sufrido de carne. Por lo tanto urge reparar tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición acordes a los estándares de derechos internacionales, tal conforme  se aprobó la Comisión Interamericana  de los derechos Humanos.
Nuestras demandas se justifican:
·         Constitución Política del Perú
·         Ley 28592 ley de reparaciones
·         D.S. N° 015-2006-JUS (Reglamento de la Ley )
·         D.S. N° 062-2004-PCM (Marco programático de acción del Estado en materia de paz, reparación y reconciliación nacional)
·         D.S. N° 011-2004-PCM (Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional)
·         Normas internacionales: de Derechos Humanos

 C.- PRINCIPIOS
a) Respeto a la dignidad y derechos de los seres humanos.-El fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana, por consiguiente, todo programa de reparación debe enmarcarse dentro del estricto respeto a la dignidad y derechos de los seres humanos.
b) Expresión de finalidad reparadora de la acción.- Por el cual sólo se considerarán como acciones de esta naturaleza a aquellas que de manera expresa se les haya asignado dicho carácter antes de su ejecución por estar inscritas dentro de los marcos del PIR y sean así comunicadas a los beneficiarios de las mismas.
c) Equidad y proporcionalidad.-Para la determinación y asignación de las reparaciones de todo programa a  favor  de las víctimas y beneficiarios, se procederá a tratar  de manera igual a quienes se encuentren en la misma situación y de manera diferenciada a los que estén en una situación diversa. 
d) No discriminación.-Para la determinación y asignación de las reparaciones de todo programa a  favor  de las víctimas y beneficiarios se procederá sin ninguna distinción, exclusión, restricción o preferencia, de cualquier naturaleza, que tenga por objeto o como resultado anular o menoscabar el reconocimiento, asignación y goce de las reparaciones en condiciones de igualdad.
D.- ENFOQUE.- debe existir  con:
e) Participación, Intercultural, Equidad de género e igualdad de oportunidades y Simbólico
Implica que toda medida de reparación debe expresar el reconocimiento de la dignidad y derechos de las víctimas, y que todos los actos de reparación deben estar orientados a reconocer la forma en la que las víctimas fueron afectadas durante el proceso de violencia, y afirmar la condición de ciudadanos / as de quienes sufrieron la violación de sus derechos fundamentales.
f) Celeridad, Confidencialidad,  Presunción de condición de víctima y  Prioridad

E.- PROPUESTA GENERICAS Y CONCRETAS  PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES.
§  Dotación de Presupuesto de 320 millones anuales en los próximos  10 años.
§  Afiliación automática  al SIS de los beneficiarios acreditados por Consejo de Reparaciones y MIMP.
§  Flexibilización de SNIP y incentivos para los gobiernos regionales y locales  en la implementación de atención  a las victimas y desplazados
§   Programas sociales de prioridad para las víctimas directas para las comunidades de mayor o alta afectación como son para los desplazados, Torturados, presión siendo inocentes, personas que sirvieron siendo menores en autodefensa o CADs.
§  Fortalecimiento de capacidades a las organizaciones desplazados, victimas o familiares , capacitación técnico laboral para el emprendedurismo , PYMES y oportunidad laboral prioritarios para los diferentes niveles  de su capacidad técnica e profesional.
§  Campaña masiva para la tributación para generar más ingresos  para el Estado y con ello  tener disponibilidad económica  para la Implementación del Plan Integral de Reparaciones  y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
§  Priorización de presupuesto e Incentivos con  mayor puntaje  para los proyectos  de la ley de reparaciones y  de desarrollo para las  áreas geográficas  o zonas de mayor o alta  afectación.
§  Sanción  administrativa, pecuniaria e inhabilitación  de asunción de funciones para los funcionarios  o  autoridades que  incumplieron en la implementación conforme a  la ley 28592 y otra que buscan el proceso de la Verdad, Justicia, Reparación y Reconciliación.
§  Decreto Supremo de simplificación administrativa de SNIP de proyectos del Programa de reparaciones  y disgregación de 5% del total del presupuesto de inversiones  de los gobiernos regionales y locales de las regiones más afectados del Perú durante el periodo de 10 años.
§  Fortalecimiento Institucional y capacidades de la se Secretaría Ejecutiva y Técnica conforme a las estructura orgánica recomendado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. (Consejo Nacional de Reconciliación). Con el presupuesto mencionado PIR(económica individual, Beca educativo, Reparación colectiva para las organizaciones , simbólicas y otras  de voluntad política) y  búsqueda de Personas Desaparecidas
·         Dotación de más fiscales  de integro para la búsqueda de personas desaparecidos.
·         Continuidad de Registro Único de Víctimas y su calificación con celeridad conforme a los protocolos iniciales.
·         Por la Judicialización y Sanción a los violadores de Derechos Humanos por la teoría y mediata principalmente a los altos mandos y políticos
  • Por la Reparación Colectiva a las Comunidades Afectadas y atención de proyectos de impacto de manera prioritaria conforme al Decreto Supremo 048-2009- PCM
  • por la Memoria colectiva de la violencia política en el Perú de manera imparcial en bien de la juventud.
·         Por el Fortalecimiento de la unidad operativa y ejecutiva de Reparaciones (CMAN y RUV) con profesionales sensibles y comprometidos con los Derechos Humanos y organizaciones afectados
·         relanzar el proceso de reparación de las víctimas del conflicto interno, a nivel individual y colectivo, fortaleciendo especialmente las iniciativas de construcción y difusión de la memoria histórica y permitiendo que los afectados tengan una atención oportuna y de calidad en salud y educación; asimismo, que el Plan Integral de Reparaciones incluya los casos de violencia sexual en el conflicto armado interno;

1.- DEMANDA: CUMPLIMIENTO DE LA  REPARACION INTEGRAL
A.- PROGRAMA DE REPARACIONES ECONOMICAS.
A.1.-PREAMBULO
El D.S Nº 051-2011-PCM del 2011 ha establecido el monto de indemnización a 10 mil nuevo soles por victima. Los beneficiarios y de reparto son familiares de los fallecidos y los desaparecidos: 50% para cónyuge  o concubina y 50% para padres e hijos; con ello se deduce si  una víctima tiene  7 hijos mas los dos padres sobrevivientes sólo recibirían  un monto 555.5 nuevo soles. Un monto inferior  a un  sueldo mínimo mensual  después de  espera de 30 a 13 años. Sólo 5.5% del total de un sueldo mensual de un alto funcionario de CMAN, la pregunta es si nuestro familiar  tan solo viviría actualmente produciendo solo mensualmente 500 soles en 13 años sería  78 mil soles y en 30 años 180 mil soles, sin embargo conscientes de la situación actual y demanda social  en este tema reparación económica  no hemos solicitado esa cantidad, si no 120 mil soles, pero a la vez en un diálogo con la Secretaría  Ejecutiva de CMAN de entonces Isabel Coral  hemos quedado  en una reparación económica de 10 UIT prolongados durante 10 años.
A.2.-AVANCES.
Las organizaciones afectadas  hemos contribuido que se efectúe dicho pago por principio de necesidad  de las víctimas, muchos de ellos ancianas y  enfermas  y se tiene:
AÑO
Nº BENIFICIARIOS
OBSERVACION

2011
1 878
 LISTAS DE 1 A 5 (DE 65 A 80 AÑOS)

2012
10 974
LISTAS 6 Y 7 (48-63 AÑOS)

2012
5 584
LISTA 8(HASTA 38 AÑOS)
TOTAL
18 436

SOLO  PADRES Y CONYUGES CONFORME AL D.S  051-2011-PCM
Por solicitud del Ministerio de Economía  y Finanzas  se contrata una consultoría  para la modificatoria del D.S 051-2011 PCM respecto al aumento del monto de 10 UIT.
A.3.-DEFICULTADES
No se tiene respuesta o pendiente de la consultoría.
Con el D.S 051-2011 PCM limita al acceso a la reparación  económica de las solicitudes a partir de  01 de Enero  del 2012.
Te obliga a someter de manera coercitiva  de aceptación administrativa del monto, por lo tanto te limita a acceder al órgano jurisdiccional.
A.4.-DEMANDAS y PROPUESTAS

1.- Modificatoria del D.S. 051: Planteamiento económico: 10 UIT; Repartido en 2: 5 UIT; Mas de 3: 1.25 UIT (Hijos) .- Aumento de 10 UIT por Víctima de los cuales  50% para los cónyuges  y  50% para los hijos y padres en número menor de tres beneficiarios y 1.5% de IUT por cada hijo si son mas tres  beneficiarios ascendientes y descendientes. en caso que no existiese hijos, o padres o cónyuges se deberá abonar el 100% al familiar sobreviviente  beneficiaria
2.- Registro Único de Victimas (RUV): abierto permanentemente para reparaciones económicas,  conforme a los protocolos de Registro Único de Víctimas de acuerdo a la realidad  social y geográfica.
3.- Reparación por víctima  conforme a la ley y el acuerdo  de fecha de 15 de marzo de CMAN.
4.- Victimas sin beneficiarios.-: será acreedor la primera persona familiar que solicita de cuarto y quinto grado de consanguinidad conforme a las costumbres  y el derecho sucesorio. Ante  la inexistencia del familiar persistente de un plazo de 2 años de haber hecho conocimiento de su derecho de  reparación  pasará a la organización  comunal de su origen por  nacimiento  o organización regional u antigua previa un perfil  del  proyecto  con justificación sobre  derechos humanos o memoria para que no se repita.
5.- las indemnizaciones recibidas por el derecho laboral es diferente al Plan Integral de Reparaciones de la ley 28592.
6.- Ante la concurrencia de cónyuges, más allá de la aplicación de las normas supletorias se debe  tomar en consideración conforme a la realidad de cada familiar víctima.
7.- Todos los beneficiarios que hayan salido publicado sus nombres para la reparación económica deben ser garantizados su reparación. 
8.- Las personas que no son beneficiarios con Reparación Económica deben ser incluidas automáticamente a los programas sociales como pensión 65 y otros de su naturaleza (cumpliendo requisitos mínimos).
9.- Dotación de Presupuesto a las organizaciones.-
Se debe destinar el  0.5 % del total del monto de  reparaciones a las organizaciones  afectadas del lugar de su origen  de la víctima beneficiaria para  mantener la cultura de paz., previa justificación del plan de actividades  anuales, bajo administración de  las oficinas descentralizadas de CMAN o defensoría del Pueblo. Dicha solicitud es en marco de la subsistencia de  lucha por los derechos de los beneficiarios, de  lucha  frontal para que no se repita y  cobros indebidos  que  hacen algunas personas naturales
B.- PROGRAMA DE ACCESO Y FACILITACION HABITACIONAL
B.1.-AVANCES:
·         Se ha conformado Grupo de Trabajo del Programa de promoción y facilitación  de acceso habitacional.
·         La SE-CMAN entregó al Ministerio de Vivienda  el primer listado de 8575 de las regiones de Lima, Ayacucho y Junín. Sin embargo no se sabe el criterio de la calificación del presente lista
·         Con resolución Ministerial N°212-2012-VIVIENDA con enfoque de atención preferencial  de 500 bonos para las víctimas de la violencia política.
B.2.- DEMANDA y PROPUESTA.
a)      Programa especial de construcción y adjudicación de viviendas que se llevará a cabo en forma progresiva y descentralizada
b)      Proyectos de apoyo a la reconstrucción y rehabilitación de viviendas rurales.
c)       Apoyo para el saneamiento legal de la propiedad de la vivienda, convocando la participación de las entidades competentes del Estado. 
d)      Fomento y apoyo  para la ubicación de las familias desplazadas internas en situación de alojados en los asentamientos elegidos en coordinación con los gobiernos locales, los que deberán ser considerados como beneficiarios preferentes en las campañas de asignación de lotes.
e)      Fomento, apoyo financiero y asesoría técnica para la autoconstrucción de las viviendas de las familias desplazadas internas que cuentan con viviendas precarias y provisionales. 
f)       Dotación de presupuesto de 7 UIT para zonas urbanas
g)      Conformación de comisión de Vivienda.
h)      El Ministerio de vivienda debe presentar anualmente el presupuesto para el presente programa.
i)        Los Gobiernos Regionales y locales:- para la celeridad  del presente programa deben  dotar terreno, facilitar proyectos de contrapartidas.
j)        Descentralizar el presupuesto de la vivienda a los Gobiernos Regionales.

B.3.- PLAZO E INTERVENCIÓN

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento desarrollará, dentro de sus programas existentes, un componente especial de construcción y de adjudicación de viviendas progresivo, que deberá hacerse efectivo en los siguientes diez años desde el momento de la implementación, para favorecer a quienes perdieron su vivienda por destrucción durante el proceso de violencia; y establecerá un puntaje adicional y preferencial para ser calificados como beneficiarios de los bonos habitacionales de los programas de vivienda.

C.- PROGRAMA DE  REPARACIONES COLECTIVAS:
El Programa de reparaciones colectivas se inserta en el Plan Integral de Reparaciones como uno de los componentes de la reparación, en el marco de las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). La CVR señala que no sólo se afectaron derechos de manera individual,  sino que también a nivel colectivo.  Miles de peruanos y peruanas pertenecientes a comunidades campesinas y nativas vieron afectados sus derechos como grupo humano, a través de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y quebrantamiento de relaciones sociales y políticas dentro de sus comunidades. La CVR consideró la necesidad de establecer un conjunto de medidas que pudieran resarcir  el daño ocasionado, con respeto a la identidad cultural de dichas poblaciones,  promoviendo además la descentralización del país. 
El objetivo del componente de reparación colectiva según la CVR  debe ser  contribuir a la reconstrucción y consolidación de la institucionalidad colectiva.  Los beneficiarios del programa de reparaciones colectivas son las comunidades campesinas y nativas,  así  como los grupos de desplazados no retornantes.
 Los componentes se relacionan a la consolidación institucional, así como a la recuperación de la infraestructura y de servicios básicos.  La inclusión de la población en la elaboración de los planes de reparación son elementos constitutivos del sentido reparador. 
El Programa de Reparación Colectiva ­ PRC de la CMAN busca la recomposición del vínculo entre el Estado y las comunidades, que ha sido quebrado y deteriorado. Se busca garantizar la inclusión y el derecho al desarrollo de la comunidad. Su objetivo es la reconstrucción del capital social e institucional de las comunidades beneficiadas.
La Ley 28592 que le da estatuto legal al PIR y su reglamento retoman la definición de colectivos beneficiarios del programa de reparaciones colectivas exactamente en los mismos términos propuestos por la  Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Para efectos del Plan  Integral de Reparaciones (PIR), la CVR peruana entendió que los “colectivos humanos” beneficiarios de las medidas de reparación incluidas  en el Programa de Reparaciones Colectivas serían los siguientes:
a) a las comunidades campesinas, comunidades nativas y otros centros poblados afectados por el conflicto armado interno. Para su identificación  la CVR recomienda los siguientes criterios (o  una combinación de los mismos):
• Concentración de violaciones individuales;
• Arrasamiento;
• Desplazamiento forzoso;
• Quiebre o resquebrajamiento de la institucionalidad comunal, utilizando los siguientes criterios:
- número de autoridades muertas, desplazadas y/o desaparecidas
- debilitamiento de las asambleas, juntas y otras modalidades de gobierno local
• Pérdida de infraestructura familiar, utilizando los siguientes criterios:
- pérdida de tierras y herramientas de trabajo
- pérdida de ganado
- pérdida de vivienda
- pérdida de medios de transporte
• Pérdida de infraestructura comunal, utilizando los siguientes criterios:
- pérdida de locales comunales
- pérdida de infraestructura productiva comunal
- pérdida de infraestructura de comunicaciones (puentes, caminos, radios comunales, etc.)
- pérdida de infraestructura de servicios básicos (agua, energía, saneamiento, etc.).
b) a los grupos organizados de desplazados no retornantes provenientes de las comunidades afectadas, en sus lugares de inserción.
C.1.- GRUPOS COMUNALES O BARRIALES.
A.- AVANCES:
No hay datos disponibles
B.- DIFICULTADES
·         El 15,8% del total de la población definen el proyecto de reparaciones colectivas en cada comunidad beneficiarias. Esta situación nos lleva a concluir que las asambleas de elección de proyectos fueron improvisadas con el fin de cumplir el requisito para la aprobación del proyecto.
·         El proyecto de PRC debe responder no sólo a la voluntad y las necesidades de la población beneficiaria, sino sobre todo éste debe de ser percibido y calificado por la población de manera  positiva. La valoración de los proyectos evaluados es “buena”, en un 29,3%, seguido de “regular” (14,4%), dando como razones, que éste es un proyecto que satisface una necesidad del centro poblado pero que no es suficiente ya que no beneficia a todos los habitantes del centro poblado. En todos los casos siguen siendo altos los porcentajes de población que no puede calificarla porque no conoce el proyecto.
·         De los datos presentados resalta que la mayor cantidad de proyectos son de Infraestructura de  riego, Actividades pecuarias e Infraestructura educativa; esto responde probablemente, a la importancia que tienen para el departamento la superación del analfabetismo y la promoción del desarrollo por un lado, y por ser la agricultura la principal actividad económica.
·         Las organizaciones de afectados no tienen presencia para las consultas de las reparaciones colectivas, sólo en alguno de ellos.
C.- DEMANDAS Y PROPUESTAS
·         Debe darse a conocer el proyecto y todos sus componentes a toda la población, con apoyo de  las autoridades de los centros poblados, anexos, comunidades y sectores que lo incluyan, de tal  manera que no sea alto el porcentaje de desconocimiento del mismo.
·         La elección del Comité de Gestión debe contar con mayor porcentaje de población, para ello se  debe convocar e informar a la asamblea y a todos los comuneros y comuneras. Lo mismo debe  darse para la elección del proyecto y para las actividades de Inicio de Obra.
·         Sobre el tipo de proyecto, conociendo las necesidades de estos centros poblados, debe evitarse la confusión de los proyectos con obras asistenciales o programas sociales, puesto que esto desnaturaliza el fundamento de la reparación que es la percepción de compensación por los hechos de violencia ocurridos.
·         Los protocolos de inicio de obra deben realizarse con presencia de toda la población beneficiaria, y deben constituir un espacio de reflexión, y reconstrucción de memoria colectiva sobre lo que pasó. Hay una gran necesidad de realizar este tipo de actividades como acciones sanadoras y de recomposición del vínculo social.
·         La reparación colectiva es parte del Plan Integral de Reparaciones, y por lo tanto la atención del Estado debe ser integral, lo cual incluye la implementación de todos los componentes de reparación. De esta manera, se podrán restablecer las condiciones de vida de los afectados y afectadas para el pleno ejercicio de su ciudadanía, en el marco de políticas de respeto de los derechos humanos.
·          La Constitución de núcleos  ejecutores  de parte de las familias y victimas directas como una experiencia de FONCODES.
·         El monto de la reparación colectiva debe ser conforme a la gravedad de los hechos de al comunidad por encima de 300 mil soles.
·         Incentivo y porcentaje  mayor  para los proyectos de inversión para las zonas mas afectadas de la violencia política  a nivela nacional, sea  en programas nacionales con  presupuesto de la república y  presupuestos participativos de la regionales.
·         Atención `preferente  con los programas sociales a las comunidades afectados por la violencia política.
·         Otras referentes  del cumplimiento de la  ley 28592 como son:
a)      La consolidación institucional, que comprende la incorporación de acciones de apoyo al saneamiento legal de las comunidades, la instauración de las autoridades y poderes locales, la capacitación en DDHH, prevención y resolución de conflictos internos e Intercomunales, a partir de un diagnóstico comunal participativo que ayude a identificar las acciones necesarias, dentro de un enfoque de derechos que priorice la educación para la paz y la construcción de una cultura de paz.
b)      La recuperación y reconstrucción de la infraestructura económica, productiva y de comercio, y el desarrollo de capacidades humanas y acceso a oportunidades económicas. 
a)      El apoyo al retorno, reasentamiento y repoblamiento,  así como a las poblaciones desplazadas como consecuencia del proceso de violencia.
b)      La recuperación y ampliación de infraestructura de servicios básicos de educación, salud, saneamiento, electrificación rural, recuperación del patrimonio comunal y  otros que el colectivo pueda identificar.

 D.- INTERVENCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA EL PROGRAMA DE REPARACIONES COLECTIVAS

El Ministerio de Agricultura, en coordinación con el Ministerio de Justicia, desarrollará un plan extraordinario y priorizado de saneamiento legal de tierras rústicas, buscando mantener la situación que existió antes del período de violencia señalado en la Ley.
El Ministerio de Agricultura desarrollará un programa especial de apoyo a la agricultura y ganadería, así como la capacitación, asistencia técnica y sistema de crédito, los que podrán ser solicitados y gestionados por colectivos con reconocimiento legal y representación debida.
El Ministerio de Educación, considerará dentro de su presupuesto la implementación de planes y programas de atención prioritaria a las zonas afectadas por el proceso de violencia.  Estos planes y programas incluyen como mínimo la construcción o reconstrucción de locales educativos, mobiliario y equipamiento para la educación inicial, primaria, secundaria y técnica.  Se otorgará preferencia a la capacitación de maestros en la pedagogía específica en educación bilingüe intercultural.
El Ministerio de Salud, considerará dentro de su presupuesto la implementación de planes y programas de atención prioritaria a las zonas afectadas por el proceso de violencia.  Estos planes y programas incluyen como mínimo la construcción o reconstrucción de locales de salud, equipamiento, abastecimiento con medicinas e insumos y la dotación de profesionales de la salud.
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social contribuirá con sus Programas Nacionales en la ejecución de las actividades que sean de su competencia, dentro del ámbito de las reparaciones colectivas.

E.-  Metodología del Programa
El Programa de reparaciones colectivas se ejecutará bajo la metodología siguiente:
a)      Asignaciones para reconstrucción y reparación
Los montos a asignarse a los colectivos para fines de reconstrucción o iniciativas de desarrollo comunal aprobadas por medio de procesos participativos, dependerán del número de miembros del colectivo, y del nivel del daño sufrido en la zona.  Los recursos estarán incluidos en los presupuestos de los sectores correspondientes y los presupuestos participativos e los Gobiernos Regionales y Locales.
b)      Proceso gradual y descentralizado
Dada la cantidad de colectivos afectados, este programa se elaborará a partir de fases escalonadas de ejecución, donde la fase inicial deberá aplicarse en un número limitado de colectivos afectados, con la intención de definir y diseñar de manera más apropiada la implementación las fases sucesivas del programa. El programa se planifica, formula y ejecuta desde sus inicios de manera descentralizada, con el fin de que los gobiernos regionales y locales y los mismos colectivos participen activamente en su desarrollo, dentro de un proceso gradual y por etapas, de acuerdo a la realidad de cada zona afectada
C.2.-GRUPOS ORGANIZADOS (DESPLAZADOS, VICTIMAS E FAMILIARES).
A.- AVACES
Casi Ninguna, solo la acreditación ínfima.
B.- JUSTIFICACIÓN.
A lo largo de la violencia política y post violencia las organizaciones afectadas  lideraron  por la defensa de la vida, expresando y demandado la paz y justicia, contribuyendo a la pacificación y la democracia del Perú. Hoy muchas organizaciones  tienen una vida histórica  de 30 años  y 10 años, pero esta mas allá de fortalecer han sido  como  el talón de Aquiles de los administradores del Estado, muchas veces dificultando en el labor de políticas de Paz, reparación y reconciliación.
DEMANDA Y PROPUESTA 
·         Acreditación a todas las organizaciones desplazadas, víctimas y organizaciones de familiares
·         Reparación colectiva con el monto específico de reparación colectiva.
·         Fortalecimiento de resolución de capacidades técnicas, administrativas  para la integración al desarrollo económico, con proyectos  económicos, productivas y su capacitación.
·         Focalización con programas sociales de Juntos, Pensión, Chacra productiva entre otras de manera prioritaria.

D.- PROGRAMA DE REPARACION EN  EDUCACION
AVANCES:
·         Convenio PRONABEC (beca REPARED 50 becas en 2012 y 200 becas  2013  a nivel nacional).
DIFICULTADES.
·         La calificación o falta de focalización del SISFOH
·         Demasiado desconfianza y desconocimiento dela realidad peruana, así como barreras  burocráticas. Del total de los 320 postulantes en 2013 con entrevista y SISFOH solo logrando más de 180 beneficiarios
PROPUESTAS
·         La reparación en Educación debería tener un carácter integral , tanto en la articulación con los otros programas de reparación como en los enfoques de intervención que se apliquen  a fin de evitar acciones  inconexas.
·         La becas deben ser integrales  y cubrir todos los gastos hasta la titulación de los profesionales
·         El concurso a los cupos  de becas se debe realizar sólo entre hijos de las víctimas.
·         Apoyo para la  formación previa para el ingreso a las instituciones superiores de los beneficiarios.
·         Educación para adultos con un programa integral  de acompañamiento psico emocional  y productiva.
·         Reserva vacantes conforme  al D.S 047-2011-PCM

E.- PROGRAMA EN REPARACION EN SALUD.
AVANCES:
·         Gestiones para la afiliación automática  a la plataforma de atención  del SIS de los beneficiarios del Programa de Reparación de Salud. No aplicación de los criterios del SISFOH para las víctimas.
·         Aprobación del documento técnico “Lineamientos para el acompañamiento Psicosocial  a familiares de las personas Desaparecidas” con resolución Ministerial N°299-2012-MINSA.
CRITICAS, DEMANDAS PENDIENTES:
·         No se visualiza  el carácter reparador y especial que debe tener el programa, pues las víctimas beneficiarios son equiparados con beneficiarios de extrema pobreza.
·         No garantiza la cobertura real, cuando la atención debe ser integral sin costo alguno por ser víctimas de la violencia.
·         No debe haber ningún tipo de impedimento para la atención de salud, pues se debe aceptar la acreditación como víctimas y desplazados.
·         Se debe  difundir el programa, normas y las directivas a todas los las postas y centros de salud, a los funcionarios y a los beneficiarios.

F.- PROGRAMA DE  REPARCIONES SIMBOLICAS  y MEMORIA (HEEDER SOTO)
AVANCES:
·         Mediante la Resolución Suprema  059-2009-PCM, creó la Comisión Presidencial de Alto Nivel con el objeto de coordinar y promover el diseño, organización, implementación y gestión   del Proyecto “Lugar de la Memoria”
DEMANDA Y PROPUESTAS:
·         Recuperación de la memoria histórica a nivel Nacional, Regional y Local a través de proyecto de memoria
·         Difusión y reconocimiento público de libro de los pueblos heroicos quienes hayan sido arremetidos salvajemente  por los agentes de la violencia.
·         Día del homenaje a todas las víctimas de  la violencia política.
·         Difusión del informe final de la CVR en las Instituciones educativas y la implementación de la currícula educativa.
·         Inclusión  de los representantes de las organizaciones de víctimas en los espacios de decisión  nacional (CMAN, Lugar de Memoria, Acuerdo Nacional).
·         Difusión de nombres de mártires del terrorismo
·         Nominación de calles, monumentos de los nombres de las víctimas en cada uno de los centros poblados o comunidades.
  • Establecer  e implementar una política de Desaparecidos.
  • Promulgar la Ley para las exhumaciones humanitarias y declarar zonas intangibles a zonas de exhumación. Entre ellos. Ex bases militares, lugares de entierro clandestino o fosas comunes ya identificados, ubicación y registro de otros lugares.
  • Formular y elaborar un plan nacional de búsqueda de desaparecidos.
  • Asignación presupuestal para la implementación del plan nacional de búsqueda de desaparecidos, exhumaciones y entierro digno en cementerios públicos.
  • Instalación e implementación de un banco de ADN para la identificación de personas desaparecidas durante la violencia política.
Respecto a Memoria:
  • Incorporación de representantes de los familiares en la comisión del lugar de la memoria.
  • Incorporación en la currícula educativa sobre memoria del CAI.
  • Construcción del lugar de la memoria donde estén todas las víctimas civiles y militares sin exclusión.
G.- PROGRAMA DE RESTITUCION CIUDADANA.
El objetivo del programa de restitución de derechos ciudadanos consiste en e  en stablecer en el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos ciudadanos, civiles y políticos, a la población afectada por el proceso de violencia, buscando su rehabilitación jurídica, para lo cual se crea accesos preferenciales o tratamientos prioritarios para este sector de la sociedad garantizándole una situación de igualdad en el ejercicio de sus derechos ante sus otros conciudadanos.

Modalidades: el artículo 17° del reglamento del Plan Integral de reparaciones refiere:
Las modalidades del Programa de restitución de derechos ciudadanos son:
a)      Regularización de la situación jurídica de los desaparecidos.
b)      Regularización de la situación jurídica de los requisitoriados.
c)       Anulación de los antecedentes policiales, judiciales y penales.
d)      Regularización de la situación de los indocumentados.
e)      Regularización de los derechos sucesorios y saneamiento legal de la propiedad mueble o inmueble.
a)      Exoneración de tasas judiciales, administrativas, registrales, municipales y otros costos.

H.- Otras.
·         Oportunidad Laboral para todas las víctimas con un puntaje adicional en los concursos en todos los campos.

2.-  BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS:  
2.1.-  Demandas Genérica(expresada en III Congreso Nacional de CONAVIP).
  • Establecer  e implementar una política de Desaparecidos.
  • Promulgar la Ley para las exhumaciones humanitarias y declarar zonas intangibles a zonas de exhumación. Entre ellos. Ex bases militares, lugares de entierro clandestino o fosas comunes ya identificados, ubicación y registro de otros lugares.
  • Formular y elaborar un plan nacional de búsqueda de desaparecidos.
  • Asignación presupuestal para la implementación del plan nacional de búsqueda de desaparecidos, exhumaciones y entierro digno en cementerios públicos.
  • Instalación e implementación de un banco de ADN para la identificación de personas desaparecidas durante la violencia política.
2.2 POLÍTICAS DE ESTADO PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS’

ANTECEDENTES
El lunes 15 y martes 16 de octubre de 2012 en el auditorio "Alberto Andrade Carmona" de la Sede "Hospicio Ruiz Dávila" del Congreso de la República, se realizó el Seminario ‘Análisis y propuestas sobre políticas de Estado para la búsqueda de personas desaparecidas’, organizado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República y la Mesa de Trabajo en Acompañamiento Psicosocial en procesos de búsqueda de personas desaparecidas.
Con la  participación de diversas instituciones del Estado. La mesa de honor estuvo conformada por: el Doctor Henry José Ávila Herrera, Viceministro de DDHH; el Doctor José Peláez Bardales, Fiscal de la Nación; la Doctora Marisol Pérez Tello, Presidente de la Comisión de Justicia y DDHH del Congreso de la República, el Señor Cédric Schweizer, Jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para Bolivia, Ecuador y Perú, y el Doctor Carlos Bromley, representante de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud.
Estas conclusiones son fundamentales y acogimos  como organización regional para apoyar, incidir para su implementación de la política pública de la “búsqueda de Personas Desaparecidas en el Perú y Ayacucho”.

a. Objetivo
Promover la búsqueda, identificación y restitución de los restos mortales de las personas desaparecidas a causa del conflicto 1980-2000 y atender las necesidades emocionales, materiales, logísticas y de información de los familiares durante los procesos de búsqueda.
b. Definiciones
- Persona desaparecida: toda persona cuyo paradero es desconocido para sus familiares o sobre la que no se tiene certeza legal de su paradero en relación con el conflicto 1980 – 2000. Debe ser un concepto lo  suficientemente amplio e inclusivo para que satisfaga las necesidades de los familiares de las víctimas y de la sociedad, como el de la Ley 28413 para la Declaración de la ausencia por desaparición forzada, aunque considerando además a las personas fallecidas.
- Familiar: comprende tanto a los hijos y las hijas, el/la cónyuge o conviviente, padres, y hermanos y hermanas, como a otras personas emocionalmente cercanas al familiar con legítimo interés, según el contexto cultural.
c. Características
- La coordinación se realizará a través del ente rector en derechos humanos del Estado: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se propone la creación de una oficina, instancia, Comisión, Órgano Técnico Especializado, Programa o la entidad que sea pertinente. Deberá ser de alto nivel, con un marco legal propio, independiente, de carácter vinculante para todas las instancias del Estado, y será responsable de elaborar y supervisar, de manera descentralizada, el cumplimiento del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- Su conformación será multisectorial e intergubernamental, con representación de la sociedad civil (ONGs y Organizaciones afectadas)
- Deberá establecerse como una política de Estado de largo plazo, institucionalizando un órgano con vocación de permanencia que permita afrontar la dimensión y complejidad de la problemática, por lo que se buscará su formalización a través de una Ley.
d. Funciones
- Diseñar e implementar un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en coordinación con las instituciones involucradas, relativo tanto a las investigaciones forenses como a la atención de las necesidades emocionales, materiales y de información de los familiares durante los procesos de búsqueda.
- Coordinar las políticas y acciones del Estado ya existentes relativas a la búsqueda de personas desaparecidas, garantizando su adecuación a los estándares internacionales relativos a la materia. Así, establecerá mecanismos de coordinación y cooperación entre los distintos actores involucrados en la implementación de la política: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario – CONADIH, Consejo Nacional de Derechos Humanos, Comisión Multisectorial de Alto Nivel – CMAN, Consejo de Reparaciones), Ministerio Público, Dirección de Salud Mental del MINSA, Direcciones Regionales de Salud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, Gobiernos regionales y locales; otras instituciones estatales relacionadas a la temática: Defensoría del  Pueblo y Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República; así como Asociaciones de familiares y organizaciones de la sociedad civil directamente involucradas con la problemática de las personas desaparecidas.
- Promover y coadyuvar a la participación de los familiares en la toma de decisiones sobre los procesos de búsqueda en que se encuentren involucrados, con un enfoque intercultural y de derechos; así como realizar campañas de información a los familiares.
- Su intervención será de oficio: no sólo a solicitud de los familiares, sino como parte de una decisión de Estado de dar solución general al problema de las personas desaparecidas en el país durante el periodo mencionado.
- Coadyuvar o impulsar la realización de las investigaciones forenses tendientes a la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas:
• Incorporar el aspecto de investigación forense en el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
• Definir el universo de personas desaparecidas y sitios de entierro a nivel nacional.
• Recoger sistemáticamente fichas antemortem y muestras de ADN.
• Realizar campañas de entrevistas a familiares y testigos, en especial de aquellos que tienen miedo o resistencia a involucrarse en un proceso judicial. Así como implementar estrategias  que conducen para averiguar la situación de los desaparecidos a través de  la colaboración eficaz o confesiones sinceras y su beneficio del aquel que colabora.
• Fortalecer los estudios poblacionales de referencia.
• Impulsar / fortalecer el banco de datos genético de muestras de familiares y restos óseos.
• Promover la capacitación en ciencias forenses.
• Centralizar, sistematizar y depurar la información disponible (incluyendo el Registro Único de Víctimas y el Registro Especial de Ausencia por Desaparición Forzada) y solicitar información a las distintas entidades públicas que considere pertinente.
• Apoyar en aspectos técnicos y logísticos para la realización de las diligencias de recuperación y análisis de los restos mortales.
- Coordinar y supervisar la implementación del "Documento Técnico Lineamientos de acompañamiento psicosocial durante la búsqueda de personas desaparecidas", del Ministerio de Salud:
• Incorporar el Acompañamiento Psicosocial en el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
• Establecer un Programa de capacitación/formación continua al personal de salud.
• Asegurar el trabajo con profesionales del sector que hayan recibido la capacitación necesaria, evitando la rotación del personal.
• Asegurar la atención a los familiares en sus zonas de residencia.
• Asegurar que el sistema esté preparado para la detección de casos y para el uso de métodos adaptados a las circunstancias y las particularidades culturales ahí donde las víctimas residen.
• Asegurar que se cuente con protocolos y manuales de procedimientos, para que el personal tenga claridad de sus funciones, planes de trabajo y que registre su trabajo de manera homogénea.
- Realizar tareas específicas que no están siendo atendidas actualmente por otras instituciones del Estado:
• Organizar y llevar a cabo las restituciones de restos, asegurando el entierro adecuado de los restos mortales.
• Prestar asistencia material y orientación a los familiares de las personas desaparecidas durante los procesos de búsqueda.
• Realizar campañas de sensibilización destinadas a la sociedad en general, en especial en las localidades en las que se realizan los procesos de búsqueda.
• Velar por el cumplimiento de los estándares técnicos y los tratados internacionales relativos a la materia.
·  Rendir cuentas anualmente a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de los avances del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

RESUMEN:
Necesitamos un ente que se dedique exclusivamente en la investigación, búsqueda y identificación de las víctimas, con acompañamiento Psicoemocional de los familiares, de asesoría jurídica, provisión de recursos de apoyo para la movilidad, alimentación, así como  provisión de materiales para un entierro digno donde desee  los familiares, así como de dotación de fiscalías especializadas de exclusividad.
3.- Respecto a Acceso a JUSTICIA y Judicialización
Demanda Específicas:
  
  • La creación de Juzgados y fiscalías especializadas en DD.HH. con conocimiento de la cultura e idioma original para judicializar los crímenes de lesa humanidad.
  • Que el Ministerio de defensa colabore con la información de policías y militares implicados en la violación de DD.HH durante el CAI. y remita las mismas al ministerio Público. Para su investigación correspondiente.
  • Cumplimiento del D.S. N° 005-2001-MINJUS -  casos de solución amistosa  (Educación, vivienda, reparaciones simbólicas, salud mental y la reparación económica, así como los casos de la corte IDH.
  • Cumplimiento del D.S. N° 002-2002-MINJUS
Reformas Institucionales: El Estado debe:
  • Establecer metas e indicadores en el MINJUSDH para la dirección e implementación de los temas de DD.HH así como el PNDH.
FUENTES
·         Ley 28592
·         II Congreso Nacional de CONAVIP.



Comisiones de Trabajo.
Percy Huauya Bautista         Coordinador regional
Felimón Salvatierra              Com. De Acceso y Facilitación Habitacional
Heeder Soto                          Com. Memoria y Reparación Simbólica.
LuyevaYangali (CONAVIP)   Com. Educación
Javier Tineo.                          Com. Educación.
Felipe Ponceca                      Com. De Salud.
Colaboradores:
Fredy Cisneros.
ALex Vargas
Sergio Castillo
Fredy Vásquez
Mery Taipe.
Anibal Cayo
Revisión
Honorato Méndez
Roberto Córrdova




MIEMBRO DIRECTORIO DE CORAVIP


Judit Paredes
Percy Huauya
Fredy Cisneros
Felipe Ponceca
Javier Tineo
Yanet Silva
Melquiades Pillaca
Sonia Cletona
Jorge  Gutiérrez







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