Javier Diez Canseco:
Fue muy enfático.
El Congresista de la República señaló que el Poder Ejecutivo está poco
dispuesto a modificar el Decreto Supremo 051-2011-PCM, norma que cerró la
inscripción de beneficiarios para acceder a las reparaciones económicas y
determina entregar 10 mil nuevos soles a los familiares de las víctimas de la
violencia política.
Esto lo declaró
luego de participar en el II Foro Nacional de Víctimas y Afectados por la
Violencia Política, “Reparaciones para las víctimas de la violencia política:
Una tarea pendiente”, realizado este miércoles 11 de julio en el Congreso de la
República.
El parlamentario
mostró su indignación por la inasistencia de representantes del Ministerio de
Justicia y Ministerio de Economía, quienes debieron explicar la posición del
Ejecutivo sobre la demora de la modificatoria de dicho decreto y la
implementación integral de las reparaciones.
Usted ha señalado que tiene un proyecto de
ley para presentar al Congreso de la República. ¿En qué consiste este proyecto
de ley?
Nosotros ya
presentamos un proyecto de ley el día 30 de marzo de este año para que se
derogue el decreto 051 (D.S. 051-2011-PCM) que cierra la inscripción de
personas que puedan recibir reparaciones individuales por ser víctimas de la
violencia política y que establece un monto ridículo de indemnización de 10 mil
nuevos soles por familia, para producir una elevación que haga que la
compensación mínima que reciba una familia equivalga lo que reciben los
miembros de los comités de auto defensa que son 10 unidades impositivas
tributarias; es decir 36 mil nuevos soles como monto mínimo. Se plantea además
que las reparaciones no solamente sean económicas, sino también en salud,
reparaciones en educación, reparaciones psicológicas y reparaciones
judiciales-jurídicas en este terreno; de forma tal que esta es la propuesta que
presentamos.
Ésta propuesta fue
materia de discusión en el Congreso y se aprobó un proyecto de Ley, pero el
proyecto ha sido observado por el Presidente de la República, es decir se ha
opuesto a promulgarlo y lo ha devuelto al Congreso; ahora que se inicie la
nueva legislatura vamos presentar que sea discutida esa observación y vamos a
buscar insistir en las propuestas que hemos defendido en el proyecto de ley que
hemos presentado.
¿Qué disposición
hay por parte de otras bancadas para poder impulsar este proyecto?
Bueno, la bancada
que más se opone a éste tema; ignorando que hay víctimas que son familiares de
población campesina y rural, familiares de policías también, familiares de
personas que han sido víctimas de la violencia de ambos bandos; son los
representantes del APRA, del partido de Alan García y de Perú 2011 del
fujimorismo (Fuerza 2011)
¿Cuál es su
posición, porque existe una oposición?
Ellos sostienen que
reparar a las víctimas de la violencia es pagarle a los senderistas, y por lo
tanto confunden completamente cuál es la realidad de las cosas y quiénes son
las personas que son víctimas de la violencia que son en su absoluta mayoría
hombres y mujeres que provienen del campo, quechua hablantes buena parte de
ellos, la gran mayoría como lo demuestra el Informe de la Comisión de la Verdad
y Reconciliación.
¿Cuál es su
percepción frente al ejecutivo para implementar el Plan Integral de
Reparaciones y la propia modificatoria del decreto supremo 051?
Yo creo que había
una actitud positiva, cuando el debate comenzó y el Primer Ministro de ese
entonces Salomón Lerner presentó este proyecto que incluía 221 millones de
soles en el presupuesto nacional, pero esto no se logró en la aprobación del
presupuesto, luego salió Salomón Lerner y creo que ahora no hay en realidad una
posición dispuesta a atender este reclamo.
Últimamente,
todavía se están realizando exhumaciones como en Putis, donde hay 29 fosas más.
¿Qué iniciativa tomarán ustedes?
Parte del problema
aquí es que hay que dedicarle más recursos a producir las exhumaciones de
fosas, porque hay muchísimas fosas ubicadas, pero no se están exhumándo por
falta de recursos; se requiere además de antropólogos forenses que participen
en la exhumación para poder recoger pruebas y se requiere que el Ministro de
Defensa y otros organismos den el nombre del personal que estaría comprometido
en los hechos de la violencia de los que se está hablando para que puedan ser
procesados. Creo ésta es una tarea que todavía está pendiente y que requiere
mayor apoyo para ese efecto.
Hay
planteamientos de las organizaciones de derechos humanos, también de la propia
Cruz Roja Internacional de hacer exhumaciones humanitarias y hacer entierros
dignos que muchas veces son el pedido de los familiares.
El problema que
ocurre con eso es que es una posibilidad, pero si no tenemos técnicos en el
tema se pueden perder una cantidad de elementos de prueba que permita luego en
los juicios para castigar a los culpables; o sea, si yo saco las fosas así no
más como está y no me ocupo de ver las características en la que estaban los
cuerpos; por donde han entrado las balas que produjeron la muerte, no puedo
luego comprobar quienes han sido los responsables y no los puedo castigar, por
eso es muy importante que estos procesos se lleven con equipos técnicos que nos
permitan conseguir las pruebas necesarias también para castigar a los
responsables.
Yo entiendo la
preocupación de los familiares por producir el entierro de sus familiares y por
tener la tranquilidad de que descansen en paz, pero creo también que es muy
importante que se cuente con equipos técnicos que nos permita encontrar las
pruebas para acusar a los responsables de los hechos que se han producido.
POR:
HONORATO MÉNDEZ BAUTISTA
